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Los derechos de los mayores: un barómetro europeo

4 min lectura
24 mayo, 2021
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    Las personas mayores son un grupo con un peso cada vez mayor en términos demográficos. Actualmente, el 20% de la población española tiene más de 65 años, una proporción creciente año tras año. Por eso, el bienestar y los derechos de los mayores se han elevado como una de las cuestiones clave para las políticas sociales y sanitarias y son muchos los ámbitos en los que se puede actuar para mejorar su calidad de vida. 

    En este contexto, AGE Platform Europe ha publicado el informe AGE Barometer 2020. Se trata de la segunda edición de un estudio que evalúa anualmente la situación socioeconómica de las personas mayores en la UE e identifica fortalezas y carencias en la legislación y los recursos sociales a su alcance. 

     Con un foco muy amplio, el documento da cuenta de la situación de vulnerabilidad de estas personas en varios frentes, desde el aislamiento a los malos tratos, y con la pandemia como agravante coyuntural. Esta fotografía pretende cubrir la UE en su conjunto, a la vez que indaga con más profundidad y datos en 9 países miembros, entre ellos España. 

    Discriminación por edad

    AGE advierte que la discriminación por edad es un problema en aumento. Sin embargo, asegura, en Europa sigue faltando protección legal comprehensiva para hacerle frente. 

    Desde la UE se han hecho algunos pasos contra el trato diferencial en el mundo laboral, con la directiva de igualdad en el empleo, aprobada en el 2000. Esta legislación, transpuesta en cada Estado miembro, protege a las personas mayores ante la discriminación a la hora de postular para una oferta de trabajo, su exclusión de los sistemas de promoción y formación o incluso el acoso laboral. 

    Sin embargo, el informe denuncia que la desigualdad por edad persiste en ámbitos como el acceso a protección social, vivienda o ciertos bienes y servicios como los seguros, sin que la UE haya impulsado ninguna directiva. Esta falta de legislación implica que los Estados miembro no estén obligados a contemplar la discriminación por edad en su entramado institucional. De hecho España es uno de los únicos países de la UE que no cuenta con ningún organismo público que se ocupe oficialmente de esos problemas.

    En esta línea, el AGE Barometer 2020 pone de relieve como la Covid-19 ha acentuado el agravio comparativo en los derechos de los mayores. Así, denuncia su discriminación en el triaje hospitalario y la precariedad y el descontrol en las residencias, que provocaron una alta factura de mortalidad. También habla de la “falta de dignidad” en la muerte de muchas personas, que fallecieron en soledad.

    Inclusión social y brecha digital

    Estos riesgos discriminatorios se inscriben en el “preocupante contexto de exclusión social” de los mayores en España, donde un 15% de ellos está en riesgo de pobreza. Pese a este panorama, el informe celebra las iniciativas presentes en nuestro país para la inclusión social de este colectivo. Destaca, así, el papel de los proyectos para promover la interacción y participación social de los mayores, como los programas de voluntariado de mayores o las iniciativas de acompañamiento telefónico. 

    Todos ellos suponen oportunidades para revertir el problema de la soledad no deseada, en un país en que solo el 76,6% de los mayores dicen estar en contacto con sus familiares al menos semanalmente. Según un informe de la Fundación La Caixa, la soledad afecta a un 68,4% de las personas que acuden a sus centros de mayores. Otra encuesta, de Amics de la Gent Gran, concluyó que un 41% de las personas mayores se sintieron más solas durante la pandemia.

    En esta coyuntura, se ha evidenciado también el efecto de otra desigualdad intergeneracional: la brecha digital. En las fases más duras de la pandemia, las tecnologías permitieron salvar las distancias físicas y sentir la cercanía de los seres queridos. Sin embargo, muchos mayores no disfrutaron de estas ventajas. Por eso, el informe llama a promover el acceso de los mayores a las herramientas digitales.

    Salud, discapacidad y cuidados 

    El barómetro también resalta la necesidad de reforzar la resiliencia de los sistemas de salud y atención, cuyas deficiencias han quedado expuestas por la pandemia. AGE defiende unas políticas sanitarias más enfocadas en el curso vital y una inversión en cuidados que pueda prevenir y responder ante el deterioro de las capacidades físicas y mentales. Para ello, insta a la UE a ser ambiciosa en su apuesta por la calidad de los cuidados a largo plazo. 

    Respecto a España, el informe destaca la alta esperanza de vida (la segunda en Europa, solo por detrás de Suiza) y su cuarto puesto en el índice de salud pública European Core Health Indicators. No obstante, el informe contrasta estos datos con las dificultades de la infraestructura sanitaria des de la crisis del 2008 y asevera que el 73% de los mayores de 65 sufre alguna enfermedad crónica

    Además, señala que en 2012 un 25,4% de las personas de 60-74 años y un 50,9% de las mayores de 75 en España padecían alguna discapacidad y que casi la mitad de ellos no recibía asistencia suficiente en su cuidado personal. Por ello, el barómetro urge a adoptar cambios legislativos para “reducir obstáculos y facilitar una vida más digna para todos”. 

    En su radiografía de la asistencia en España, el informe destaca la importancia de los cuidados informales, asumidos en muchos casos por personas mayores. En cuanto a la infraestructura de cuidados a largo plazo, explica que el 70% está gestionada por entidades privadas y reclama la necesidad de mejorar el modelo, especialmente a nivel de financiación, y reformarlo con políticas centradas en el derecho a una vida digna en cada etapa vital.

    Abusos

    Por último, el informe se centra en los abusos a personas mayores, sobre los cuales falta información y datos claros en muchos países. Es el caso de España, donde según AGE hay pocas herramientas y recursos para actuar contra los malos tratos y proteger a las víctimas. 

    AGE Platform Europe es una red de organizaciones de toda la UE enfocada en representar a las personas mayores ante las instituciones europeas e y aportar su perspectiva en el debate político, en un amplio abanico de temas: no discriminación, empleo y envejecimiento activo, pensiones, protección e inclusión social, salud, investigación, etcétera. 

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